El Proyecto de Ley 2459/26 crea mecanismos para proteger a las trabajadoras domésticas de la violencia en el entorno laboral. El texto incluye herramientas digitales para pedir ayuda, atención policial especializada, servicios de apoyo y penas más severas para algunos delitos cometidos durante el trabajo en residencias.
Las medidas son válidas para las trabajadoras con contrato formal, empleadas por día y las informales.
El proyecto crea, por ejemplo, el Botón de Pánico Doméstico-Laboral, que permitirá a la trabajadora contactar a las autoridades de forma discreta en situaciones de amenaza, coacción o privación de libertad.
La propuesta también crea la aplicación Trabajadora Ciudadana, a través de la cual la profesional podrá:
- registrar pruebas digitales de la relación laboral;
- calcular salarios y prestaciones finales; y
- localizar servicios de la red de apoyo.
Las herramientas se integrarán al Disque Derechos Humanos (Disque 100) y a un nuevo protocolo nacional para orientar la actuación policial en viviendas.
El autor del proyecto, el diputado Reimont (PT-RJ), afirma que las medidas pretenden combatir la invisibilidad institucional que aún marca el trabajo doméstico remunerado en Brasil. Agrega que la iniciativa fue motivada por el caso de la trabajadora Samara Regina Dutra, ocurrido en el Maranhão, que expuso denuncias de violencia, humillación, retención de pertenencias y privación de libertad.
"Queremos dar una respuesta que alcance a trabajadoras en diversas situaciones, en diversos contratos de trabajo, incluyendo a las trabajadoras informales", dice Reimont. La idea, según él, es que la nueva ley dé el nombre a la trabajadora.
Atención a las víctimas
El proyecto también prevé atención prioritaria a las trabajadoras víctimas de violencia en el Sistema Único de Salud (SUS) y en la realización de exámenes periciales.
Las víctimas también tendrán acceso a la asistencia jurídica gratuita de la Defensoría Pública y podrán ser incluidas en programas sociales.
Sentencias más severas
El proyecto, en última instancia, aumenta las penas para los delitos cometidos contra las trabajadoras domésticas. El texto crea una regla general que eleva la sanción cuando hay abuso de la vulnerabilidad económica o social de la víctima y aumenta en un 50% la pena por coerción ilegal durante el trabajo doméstico o de cuidado residencial.
También prevé una pena mayor en caso de reducción a una condición análoga a la de esclavo cuando la víctima sea gestante o esté amamantando.
Próximos pasos
La propuesta debe ser analizada por las comisiones de Seguridad Pública y Lucha contra el Crimen Organizado; de Defensa de los Derechos de la Mujer; de Trabajo; de Finanzas y Tributación; y de Constitución y Justicia y de Ciudadanía. Posteriormente, debe ser aprobada también por el Pleno. Para convertirse en ley, debe ser aprobada por diputados y senadores.
Conozca más sobre el proceso de tramitación de proyectos de ley