El Proyecto de Ley 2462/26 instituye la Política Nacional de Protección, Promoción y Garantía de los Derechos de las Mujeres Ribequinas. La propuesta, en análisis en la Cámara de Diputados, tiene el objetivo de asegurar la inclusión social, la justicia territorial y el desarrollo sostenible de las comunidades ribereñas brasileñas.
El texto considera a mujer ribereña a aquella que habita áreas rurales o de difícil acceso a las márgenes de ríos, lagos, igarapés y várzeas, teniendo su subsistencia, cultura y organización social vinculadas al ambiente acuático y forestal.
"Las ribereñas constituyen un grupo social de enorme relevancia para la organización de sus comunidades", afirma la autora del proyecto, la diputada Dilvanda Faro (PT-PA). "Son productoras de alimentos, guardianas de saberes tradicionales sobre el manejo de los ecosistemas acuáticos y forestales, responsables del cuidado familiar y comunitario y protagonistas en la preservación de la biodiversidad", añade.
Acciones
La propuesta establece directrices para la actuación del poder público en diversas áreas sociales y económicas.
En salud, el texto prevé la atención a las mujeres ribereñas a través de:
- Unidades adaptadas a las condiciones del territorio;
- equipos de atención primaria;
- acciones de salud mental; y
- garantía de los derechos sexuales y reproductivos.
En la educación, determina el acceso a la educación básica y profesional, incluyendo modalidades adecuadas a la realidad local, como la pedagogía de la alternancia, además de programas de alfabetización para jóvenes y adultos.
Para la autonomía económica, la propuesta establece:
- acceso a crédito rural adaptado;
- Asistencia técnica;
- Apoyo a la organización en cooperativas y redes de comercialización; y
- Reconocimiento del trabajo no remunerado de cuidado.
El texto abarca también el derecho a una vivienda adecuada, con proyectos habitacionales adaptados a la realidad local, saneamiento básico, abastecimiento de agua potable y la inclusión de las comunidades ribereñas en acciones de conservación ambiental y de adaptación a los cambios climáticos.
Gestión territorial
El proyecto garantiza la protección de las mujeres ribereñas contra todas las formas de violencia, incluyendo las derivadas de conflictos fundisteros y por el uso de recursos naturales.
Además, asegura la participación femenina en la gestión territorial, en procesos de regularización fundistera y en consejos y asociaciones comunitarias.
Coordinación
La coordinación de la política nacional recaerá en el organismo federal responsable del desarrollo regional, en articulación con los ministerios de áreas como salud, educación, medio ambiente, agricultura y protección a las mujeres.
El proyecto prevé la creación del Comité Intersectorial de Seguimiento, compuesto de forma paritaria por representantes gubernamentales y de la sociedad civil. El grupo tendrá la atribución de elaborar el Plan Nacional de Derechos de las Mujeres y Comunidades Ribequinas, definir indicadores y publicar informes anuales de evaluación de las acciones.
Lacuna
Dilvanda Faro destaca que la propuesta cubrirá una brecha causada por la fragmentación de las acciones gubernamentales existentes.
"Al establecer una política nacional estructurada, esta medida contribuirá para que las mujeres ribereñas ejerzan plenamente su ciudadanía y su protagonismo en la preservación de los ecosistemas y en el desarrollo sostenible de sus territorios", concluye.
Tramitación
El proyecto será analizado, encarácter definitivo, por las comisiones de la Amazonía y de los Pueblos Originarios y Tradicionales; de Defensa de los Derechos de la Mujer; de Finanzas y Tributación; y de Constitución y Justicia y de Ciudadanía.
Para convertirse en ley, debe ser aprobada por la Cámara y por el Senado.
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