La Fiscalía Especializada en Acuerdos de No Juicio Penal (ANPP) del Ministerio Público del Rio Grande do Sul llevó a cabo, el miércoles 23 de septiembre, un proyecto piloto en colaboración con el Núcleo de Práctica Jurídica de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del RS (PUCRS). La iniciativa contó con la participación de la fiscal Melissa Juchen y ofreció a los estudiantes una experiencia en la aplicación del instrumento previsto en la legislación penal.
La actividad permitió la realización de audiencias presenciales en las instalaciones de la universidad, involucrando a estudiantes de las jornadas matutinas y nocturnas. Durante el programa, los estudiantes participaron en las negociaciones relacionadas a los acuerdos de no persecución penal, acompañando las negociaciones y la atención a los investigados, bajo la supervisión y orientación de los profesionales involucrados.
El proyecto busca acercar la formación académica a la práctica del Ministerio Público, permitiendo a los estudiantes de Derecho conocer el funcionamiento del sistema penal consensual y el uso del ANPP como instrumento de resolución de conflictos en el ámbito criminal. La colaboración contó con la participación, por parte de la Escuela de Derecho de la PUCRS, del decano Irmão Sandro Bobrzyk; del coordinador del curso de Derecho, Elton Somensi de Oliveira; y del coordinador de núcleo Guilherme Antunes.
La ejecución del proyecto piloto también contó con la participación del profesor Fabiano Justin Cerveira, integrando las actividades de la Fiscalía Especializada del ANPP con el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita (SAJUG) y el Núcleo de Práctica Jurídica de la PUCRS. La iniciativa refuerza la integración entre el Ministerio Público, la universidad y la comunidad, aliando formación, práctica y actuación institucional en la construcción de soluciones consensuadas en el ámbito penal.
Acuerdo de No Juicio Penal
El Acuerdo de No Juicio Penal es un mecanismo de justicia consensual firmado entre la Fiscalía y el investigado, junto con su defensa, antes del inicio de un proceso penal. Aplicable a infracciones cometidas sin violencia o grave amenaza y con pena mínima inferior a cuatro años, el instrumento exige la confesión formal de los hechos y el cumplimiento de condiciones acordadas, como la reparación del daño o la prestación de servicios a la comunidad, evitando el inicio de la acción penal.
