
La Comisión de la Amazonía y de los Pueblos Originarios y Tradicionales de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que reconoce a los pueblos indígenas, quilombolas y otros pueblos y comunidades tradicionales como agricultores familiares.
Con esto, estas personas tendrán acceso al crédito rural, a la asistencia técnica y a la extensión rural, a las políticas de comercialización y a los programas de compras gubernamentales.
El texto también exige que una parte mínima de los ingresos de la comunidad provenga de la actividad desarrollada por el establecimiento o emprendimiento. Este porcentaje será definido por el gobierno federal.
El comité acogió elproyecto alternativode la relatora, la diputada Célia Xakriabá (Psol-MG), al Proyecto de Ley 2845/25, del diputado Defensor Stélio Dener (Unión-RR). Eltexto aprobadoamplió la versión original que trataba solo de los pueblos indígenas.
Acceso a políticas públicas
La relatora argumentó que, aunque estos pueblos ya están incluidos enLey de la Agricultura Familiar, algunos criterios aún dificultan el acceso a las políticas públicas destinadas a la agricultura familiar.
"La imposición de condiciones termina por hacer inviable su clasificación como agricultores familiares para fines de políticas públicas", observó la diputada.
Según el informe, los pueblos indígenas desarrollan sistemas productivos que combinan la agricultura, la extracción de recursos, la gestión forestal y la conservación ambiental.
Estas actividades contribuyen para la seguridad alimentaria de las comunidades, la preservación de la agrobiodiversidad y el mantenimiento de variedades tradicionales de semillas y cultivos.
Célia Xakriabá también destacó que el Registro Nacional de Agricultura Familiar ya permite identificar la pertenencia a pueblos y comunidades tradicionales mediante la autodeclaración, lo que, en su opinión, demuestra la compatibilidad de estos segmentos con la categoría de agricultores familiares.
Próximos pasos
El proyecto será analizado ahora por la Comisión de Constitución y Justicia y de Ciudadanía. Dado que recibió pareceres divergentes de las comisiones responsables de analizar su mérito, la propuesta ha perdido elcarácter definitivoy deberá ser votada por el Pleno.
Para convertirse en ley, el texto debe ser aprobado por la Cámara y el Senado.
