Después de tres gobiernos lucrativos para bancos, industria y agro, la rechazo a Lula y la tolerancia con un candidato antidemocrático revelan que la verdadera disputa involucra salarios, derechos,soberaníay control del Estado
Hay una pregunta incómoda en la elección presidencial de 2026: ¿por qué partes del empresariado brasileño, desde los grandes grupos hasta los pequeños comerciantes, siguen temiendo a Luiz Inácio Lula da Silva después de tres mandatos, pero admiten votar enFlávio Bolsonaro?
El contraste es difícil de explicar solo por la economía. En los gobiernos de Lula, los bancos obtuvieron ganancias, el sector agropecuario amplió la producción y las exportaciones, las empresas recibieron crédito, los ingresos y el consumo crecieron y el país no promovió ninguna ruptura con la propiedad privada. Sin embargo, Lula es presentado en círculos empresariales como una amenaza.
Flávio, por su parte, es el heredero de un movimiento que intentó impedir la alternancia democrática del poder, atacó las urnas electrónicas y conspiró contra el resultado electoral. Su familia articuló en Estados Unidos presiones y sanciones contra autoridades e intereses brasileños. El senador lleva el caso de las "rachadinhas", relaciones históricas con personajes ligados a lasmilicias de Río de Janeiroy, más recientemente, vínculos políticos y financieros con Daniel Vorcaro, del Banco Master.
Nada de esto impidió que fuera recibido por banqueros, industriales y dirigentes de grandes empresas. Para parte del empresariado, la posibilidad de su elección parece menos alarmante que un cuarto mandato de Lula.
El paradoja sugiere que la divergencia no se limita al crecimiento, la inflación o la seguridad jurídica. Involucra la distribución de la riqueza, el poder de los trabajadores, la soberanía nacional y la definición de quién controla el Estado.
El peligro que no se confirmó
Lula llegó por primera vez a la Presidencia en 2003, rodeado de predicciones de fuga de capitales, estatización y desorganización económica. Nada de esto ocurrió. Su gobierno preservó contratos, pagó la deuda, mantuvo la estructura del sistema financiero y convivió con altos beneficios empresariales.
En su tercer mandato, tampoco hubo ruptura. El gobierno aprobó la reforma tributaria sobre el consumo, retomó la política industrial, amplió el crédito del BNDES y lanzó programas para infraestructura, transición energética y agricultura. Las entidades empresariales negocian diariamente con el gobierno y reivindican recursos de sus políticas.
El sector agropecuario, aunque reúne uno de los núcleos más hostiles a Lula, solicitó 518.200 millones de reales para la agricultura empresarial en el Plan Safra 2026/2027. La industria pide financiación pública, protección contra importaciones, incentivos fiscales, compras gubernamentales y apoyo tecnológico.
Por lo tanto, el temor hacia Lula no deriva de su hostilidad hacia la actividad empresarial. Los hechos muestran un presidente conciliador, dispuesto a combinar crecimiento, beneficio privado, empleo y políticas sociales. El problema surge cuando esta conciliación exige alguna contrapartida del capital.
Del miedo a Lula al odio hacia el PT
El antilulismo no comenzó con el Mensalón ni con la Lava Jato. En 1989, el origen nordestino, obrero y pobre de Lula, su poca instrucción formal, su apariencia y su forma de hablar fueron convertidos en señales de incapacidad y peligro. Representado como "feo", "bajito", despreparado y amenazante, rompía con la imagen socialmente aceptada de quien estaría autorizado a gobernar Brasil.
Fernando Collor ofrecía la figura opuesta: joven, rico, bien presentado y diplomado, encarnaba al hijo idealizado por amplos sectores de la clase media. Su origen en una familia tradicional de políticos y empresarios de comunicación aparecía como credencial, no como privilegio.
En 1994, Fernando Henrique Cardoso reunía prestigio académico, circulación internacional y pertenencia a las élites intelectuales paulistas y fluminenses. Collor y FHC eran adversarios muy diferentes, pero ambos correspondían, cada uno a su manera, a la figura del gobernante reconocible por las clases dominantes. Lula parecía invadir un espacio reservado a ellas.
La descalificación de Lula por su origen social no explica por sí sola las derrotas de 1989 y 1994. La conjuntura económica, las alianzas, los programas, las campañas, los medios de comunicación y, en 1994, el Plan Real fueron decisivos. Pero el contraste permitió presentar jerarquías sociales como diferencias naturales de preparación, competencia y respetabilidad.
La victoria de 2002 no eliminó ese rechazo. En el "mensalão", en 2005, los crímenes y las prácticas reales sustentaron una condena más amplia: la corrupción dejó de ser presentada como un problema del sistema político y se convirtió, en el discurso antipetista, en una característica esencial del PT, de Lula y hasta de los grupos sociales que habían llegado al gobierno con ellos.
Durante el gobierno de Dilma, las manifestaciones de 2013, la apretada elección de 2014, la recesión, laLava Jatoy la campaña por el juicio político transformaron ese rechazo en identidad política de masas. Los intereses económicos, el conservadurismo moral, el resentimiento y la hostilidad hacia la ascensión de los pobres pasaron a hablar el mismo idioma.
Las acusaciones contra el PT fueron generalizadas como prueba de su naturaleza criminal, mientras que las denuncias que involucraban a fuerzas conservadoras y, posteriormente, afamilia Bolsonarofueron relativizadas. La lucha contra la corrupción se convirtió, así, en un lenguaje moral de una oposición que también tenía contenido social y económico.
Cuando el pobre deja de ser solo pobre
El problema no es precisamente combatir la pobreza. Las campañas de caridad, las donaciones y las acciones asistenciales son aceptadas e incluso valoradas por el empresariado. La resistencia crece cuando el pobre se transforma en ciudadano con ingresos, derechos y la capacidad de rechazar condiciones degradantes.
La valoración del salario mínimo, la formalización del trabajo doméstico, las cuotas, la expansión universitaria y las transferencias de ingresos, alteran, incluso moderadamente, las relaciones sociales. El trabajador que encuentra otras oportunidades puede exigir un mejor salario. La empleada doméstica pasa a tener derechos. El joven pobre disputa la universidad y, después, busca empleo en el mercado. El aumento del consumo popular presiona los precios y modifica las prioridades.
Es en este sentido que se puede decir, irónicamente, que para una parte de las élites, el problema de Brasil son los pobres y los trabajadores, sobre todo cuando mejoran de vida y conquistan poder de negociación.
Elfin de la escala 6×1ha hecho explícito el conflicto. Una encuesta de la Confederación Nacional de la Industria mostró que el 73% de las industrias rechazan la reducción legal de la jornada a 40 horas y el 57% se oponen al fin de la escala. Las empresas prevén un aumento de los costes y una pérdida de competitividad. Para los trabajadores, sin embargo, el cambio significa descanso, salud, convivencia familiar y participación en los beneficios de la productividad.
El temor hacia Lula surge también de lo que él simboliza: la presencia organizada del trabajo en la política. Incluso cuando gobierna por medio de la conciliación, su trayectoria recuerda que salarios, jornadas y derechos no son definidos exclusivamente por los propietarios.
La austeridad elige quién debe pagar
Las razones declaradas por la oposición empresarial son conocidas: crecimiento de la deuda, aumento de impuestos, exceso de gastos, altos intereses y inseguridad jurídica. Los problemas existen y deben ser enfrentados. Pero el discurso patronal selecciona causas y soluciones.
La responsabilidad fiscal casi siempre aparece como la contención de las políticas sociales, de la Previdência, de los salarios públicos y de las inversiones estatales. Raramente comienza por la tributación de dividendos, patrimonio y herencias; por la revisión de subsidios empresariales; por las renuncias fiscales; o por los intereses pagados a los tenedores de la deuda.
La contradicción se hace evidente cuando los mismos sectores que exigen austeridad reivindican crédito subsidiado, seguro rural, protección comercial, garantías para concesiones, infraestructura pública y beneficios fiscales.
Estas demandas pueden ser legítimas. Lo que demuestran es que el conflicto no opone Estado y mercado. El empresariado no desea necesariamente un Estado menor, sino un Estado selectivo: fuerte para proteger contratos, financiar negocios y garantizar la rentabilidad; limitado cuando se trata de redistribuir ingresos, prestar servicios universales o fortalecer a los trabajadores.
¿Por qué Flávio parece ser aceptable?
Flávio no necesita demostrar un mayor compromiso con el desarrollo nacional. Basta ofrecer señales de que reducirá impuestos sobre el capital, debilitará las regulaciones, restringirá los derechos laborales, privatizará empresas públicas y abrirá nuevos espacios a la explotación privada.
Para el empresariado asociado al bolsonarismo, su alineamiento conDonald TrumpNo necesariamente constituye un problema. La sumisión internacional puede ser tolerada cuando preserva intereses económicos. La inestabilidad democrática también puede parecer administrable si el gobierno mantiene la propiedad, reprime movimientos sociales y limita la capacidad de organización de los trabajadores.
Incluso la corrupción es relativizada. Las acusaciones contra el PT se presentan como prueba de una naturaleza criminal irremediable. Por otro lado, las "rachadinhas", las relaciones de la familia Bolsonaro con milicianos y los vínculos de Flávio con Vorcaro se tratan como cuestiones secundarias, controversias judiciales o obstáculos electorales superables.
No se trata de afirmar que todos los empresarios que hablan con Flávio apoyan sus prácticas o su historia. Grandes empresas buscan mantener canales con todos los candidatos competitivos. También hay empresarios demócratas, desarrollistas y partidarios de Lula. Otros prefieren una candidatura de centro y ven riesgos tanto en Lula como en Flávio.
El hecho políticamente relevante es otro: una parte del capital establece una jerarquía en la que la democracia, la soberanía y la integridad pública pueden valer menos que la promesa de preservar privilegios económicos y reducir el poder del trabajo.
El miedo tiene contenido material
Lula no amenaza con abolir elcapitalismo brasileño. Sus tres gobiernos demuestran lo contrario. Lo que amenaza, aún que de manera limitada y negociada, es la pretensión de determinados grupos de decidir solos cómo se distribuirá la riqueza y hacia dónde se dirigirán los recursos del Estado.
El miedo empresarial es ideológico, pero no es imaginario. Tiene contenido material. Salarios más altos reducen márgenes de lucro cuando no son acompañados por inversiones que busquen aumento de productividad. Derechos laborales limitan el poder del empleador. Impuestos progresivos alcanzan patrimonios y rentas elevadas. Empresas públicas restringen oportunidades de apropiación privada. Políticas sociales disputan espacio en el presupuesto con intereses, subsidios y beneficios fiscales.
Esta es la clave del aparente paradoja. Para parte del empresariado, Lula representa un riesgo distributivo; Flávio, a pesar de todos sus riesgos, representa una oportunidad económica y política.
La verdadera pregunta de la elección no es por qué empresarios discrepan de Lula. En una democracia, la divergencia es legítima. La pregunta es por qué la defensa de sus intereses económicos permite a algunos relativizar amenazas a la democracia, a la soberanía y a la propia legalidad.
*Este es un artículo de opinión y no necesariamente representa la línea editorial deBrasil do Fato.
**En la próxima nota de la serie: cómo la dependencia de las materias primas, el rentismo y la baja inversión privada en tecnología han producido una burguesía que parece haber desistido de construir el futuro del país.