La Fiscalía del Ceará, a través de la 1ª Fiscalía de Justicia de Jaguaribe, presentó, el miércoles (30/09),una Acción Civil Públicapara que la Alcaldía regularice la flota de transporte escolar en el municipio. La Fiscalía acionó la Justicia tras sucesivas inspecciones del Departamento Estatal de Tráfico (Detran) que revelaron un grave y persistente cuadro de irregularidades en la prestación del servicio.
En la acción, la Fiscalía destaca que en la última inspección realizada por el Detran, el 19 de junio de este año, se encontraron irregularidades como la ineficiencia o ausencia de limpiaparabrisas, faros, combinación de espejos, cámara-monitor trasera y otros dispositivos de visión indirecta. Además, diez vehículos fueron reprobados por incumplir los requisitos de seguridad previstos en la legislación de tráfico y dos conductores fueron considerados inaptaos para el transporte escolar, por tener infracciones graves en sus licencias de conducir. Otro problema señalado por la Fiscalía fue que el 34% de los vehículos indicados por la Alcaldía dejaron de ser sometidos a inspección.
Según la Fiscalía, los vehículos utilizados en determinadas rutas presentaban problemas mecánicos, permaneciendo fuera de operación durante hasta 15 días. "La omisión del Municipio de Jaguaribe en adoptar medidas efectivas para asegurar la regularidad y la seguridad del transporte escolar se revela especialmente grave ante la naturaleza esencial del servicio y la manifiesta persistencia de las irregularidades constatadas a lo largo de un período de casi cuatro años", complementa la Fiscalía.
Por lo tanto, en la demanda, la Fiscalía solicita que el Tribunal obligue al Ayuntamiento a adoptar medidas concretas para regularizar toda la flota escolar, corrigiendo las irregularidades detectadas en las inspecciones. La administración municipal también deberá demostrar la aptitud de los conductores, garantizar el mantenimiento de los vehículos y, en su caso, proporcionar vehículos sustitutos, además de garantizar el seguimiento y la continuidad de todas las rutas escolares, bajo pena de multa diaria. Finalmente, la Fiscalía solicita que solo la flota previamente inspeccionada y aprobada continúe operando.
Demanda Civil Pública (ACP)
Es un procedimiento en el que la Fiscalía acusa al Poder Judicial para proteger o defender los intereses de la colectividad en derechos que no se están cumpliendo, que pueden estar relacionados con el patrimonio público, el medio ambiente, el consumo, la infancia, la salud, la educación, entre otros temas. Además, la ACP también tiene el papel de responsabilizar a quien haya causado daños a la colectividad.