Miles de personas salieron a las calles el sábado (3) en cerca de 50 ciudades de España para protestar contra la crisis de vivienda y la especulación inmobiliaria. Los actos ocurrieron un día después de que el Congreso español rechazara un paquete de medidas presentado por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), paraproteger a inquilinos vulnerables y contener los desahucios. La información es deAFP.
El paquete preveía la suspensión de desahucios de inquilinos vulnerables hasta 2030, la prórroga de contratos de alquiler y restricciones para inmuebles destinados a la explotación turística. Las propuestas también incluían mecanismos de renovación automática de los contratos, una de las principales reivindicaciones de las organizaciones de inquilinos.
Los textos fueron rechazados con los votos de los partidos de derecha Partido Popular (PP) y de extrema derecha Vox y Junts, que se opusieron a las medidas del gobierno. El rechazo provocó indignación entre los manifestantes, que acusan a los partidos de ignorar una crisis que afecta especialmente a las grandes ciudades y a las familias de bajos ingresos.
En Madrid, capital del país, el gobierno federal estimó la presencia de aproximadamente 70.000 personas. Los organizadores, sin embargo, afirmaron que la manifestación reunió cerca de 500.000 participantes. Las manifestaciones fueron convocadas antes de la votación, pero ganaron fuerza después de la derrota del gobierno en el Parlamento.
Vigilia
También en la capital, los activistas mantienen desde hace una semana un campamento en la Plaza del Sol. Durante los protestos, los manifestantes portaron pancartas con el lema "Hacia la huelga general". El Sindicato de Inquilinos, una de las organizaciones que lideran el movimiento, afirmó que el rechazo del paquete marca el inicio de una nueva etapa de movilización nacional.
Además de la crisis social, la derrota parlamentaria aumentó la presión política sobre Pedro Sánchez. La dificultad del gobierno para aprobar las medidas reavivó la posibilidad de elecciones anticipadas, aunque la votación regular estaba prevista solo para 2027. Mientras que el Ejecutivo evalúa los próximos pasos, los movimientos de vivienda prometen mantener los protestos contra los desahucios, los aumentos abusivos y la transformación de los inmuebles en activos de especulación.
Símbolo de las manifestaciones
La movilización fue impulsada por el caso de Maricarmen Abascal, de 87 años, desahuciada de su apartamento donde vivía durante setenta años. El inmueble fue comprado por una empresa que intentó aumentar su alquiler en aproximadamente un 275%: el valor pasaría de unos 500 € a 2.650 € mensuales, cantidad superior a la pensión que recibía la anciana.
El desahucio transformó a Abascal en símbolo de la crisis habitacional española. Tras la presión de los manifestantes, la empresa aceptó negociar el regreso de la jubilada al inmueble por un alquiler cercano al valor que ella pagaba anteriormente. Para los movimientos de inquilinos, el acuerdo demostró la fuerza de la movilización popular y expuso la vulnerabilidad de miles de familias ante el aumento de los alquileres y la falta de viviendas asequibles.
Con información de la AFP.