El Tribunal Supremo Federal (STF) declaró improcedente, este jueves 3 de septiembre, la Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) 5982, que cuestionaba dispositivos de la Ley Complementaria nº 75/1993 relacionados al poder de requerimiento de la Fiscalía General. La decisión reafirma la validez de una de las principales herramientas a disposición de la Fiscalía General para el ejercicio de sus atribuciones extrajudiciales en todo el país.
En su voto inicial, el relator, ministro Nunes Marques, propuso una interpretación que permitiría a la Administración Pública destinataria de las requisiciones rechazar motivadamente su cumplimiento, convirtiendo, en la práctica, la requisión en una especie de solicitud. En la primera sesión, celebrada el 20 de agosto, esta comprensión llegó a reunir cuatro votos, mientras que la divergencia iniciada por el ministro Flávio Dino defendía la preservación de la prerrogativa ministerial. Al reanudarse el juicio, el ministro Cristiano Zanin ajustó su voto y pasó a acompañar la divergencia. Posteriormente, los ministros Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Dias Toffoli y Edson Fachin votaron por la total improcedencia de la acción. Al final, los dos dispositivos cuestionados fueron declarados improcedentes, con mayoría a favor de la preservación del poder de requerimiento.
El resultado asegura la posibilidad de que la Fiscalía General requiera información, documentos, exámenes y pericias, así como servicios temporales y medios materiales necesarios para la realización de actividades específicas. Se trata de un instrumento esencial para la actuación extrajudicial y para la defensa efectiva de derechos sociales e individuales inalienables, especialmente en áreas como el medio ambiente, el patrimonio público, la urbanización y la protección de niños, adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad. Una restricción eventual podría comprometer significativamente la capacidad de investigación y actuación de la Fiscalía General sin la necesidad de una judicialización previa de las demandas.
A lo largo de todo el juicio, la Línea Unificada del Ministerio Público Estratégico (LUME), organismo del CNPG dedicado a la actuación estratégica y coordinada junto a los Tribunales Superiores, participó activamente en el seguimiento del proceso y en la interlocución institucional, contribuyendo a presentar a los ministros del STF los fundamentos que demuestran la importancia del poder de requerimiento para el cumplimiento de la misión constitucional de la Fiscalía General.
Para LUME/CNPG, la decisión reafirma no solo una prerrogativa institucional, sino también los instrumentos necesarios para que la Fiscalía General pueda actuar de manera ágil y efectiva en defensa de la sociedad. El resultado también pone de manifiesto la importancia de la actuación unificada, estratégica y coordinada de la institución ante los Tribunales Superiores, fortaleciendo la capacidad institucional de defensa de sus atribuciones constitucionales.